El pleno del Senado aprueba esta tarde la llamada proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como patrimonio cultural. Este es el último paso legislativo previo a su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor. Así pues, la tauromaquia formará parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, y el Gobierno deberá impulsar los trámites necesarios para la solicitud de su inclusión en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.
Finaliza así un proceso legislativo que comenzó el 12 de febrero, cuando el Congreso de los Diputados admitió a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por casi 600.000 firmas, y que promovió la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, tras la decisión del Parlamento catalán de prohibir la celebración de festejos en esa comunidad.
Del contenido de aquella ILP al articulado que aprobará hoy la Cámara alta hay un gran trecho. Por el camino se han perdido tres de los objetivos fundamentales de los firmantes: la vuelta de los toros a Cataluña —decisión que solo está en manos del Tribunal Constitucional—, el blindaje de la fiesta ante futuros intentos de prohibición y la declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural (BIC). Y, al final, se ha buscado una fórmula —“patrimonio cultural”— que se limita a ser un reconocimiento moral de la fiesta, pero que no compromete en nada a las Administraciones públicas.
A pesar de todo, el sector ha recibido este cambio sustancial con esperanza, no exenta de resignación. El presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), Carlos Núñez, considera que es “un paso muy importante para nosotros, porque supone un reconocimiento y una protección”. Más explícito es Juan Manuel Albendea, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados y verdadero impulsor de la ILP: “Lo mejor de la nueva ley es el compromiso del Gobierno con la promoción de la tauromaquia, y que en el plazo de tres meses se impulsarán las reformas legales para recoger el mandato y los objetivos de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco”. Luis Gibert, presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, comenta: “Es lo mejor que le ha podido pasar al mundo del toro”.
¿Qué ha ocurrido para que la ambiciosa ILP haya quedado en un pliego de buenas intenciones? Ya en el mes de febrero, este periódico alertó de que la admisión de la ILP podría generar un complejo problema jurídico y político. Primero, porque el Estado central —el Gobierno, en este caso— carece de competencias en materia taurina, y cualquier decisión al respecto supondría una catarata de recursos de inconstitucionalidad de las comunidades autónomas, que son las que detentan toda la capacidad legislativa y ejecutiva en los toros.
Por otra parte, el Estado tiene muy limitadas sus competencias para declarar un Bien de Interés Cultural. Según Juan Antonio Carrillo, catedrático de Derecho Administrativo, “la única técnica de protección de un BIC que tiene el Estado es actuar frente al expolio, lo que indica que está pensado para bienes muebles e inmuebles, y no para algo inmaterial, como la fiesta de los toros”.
En consecuencia, y para evitar enmarañar aún más el ambiente político —especialmente en las relaciones entre Gobierno central y Generalitat catalana—, el Partido Popular ha optado por una solución tan elegante como poco práctica que pretende contentar al sector y evitar enfrentamientos con las comunidades autónomas.
¿Qué significa que la tauromaquia sea considerada patrimonio cultural y, llegado el caso, Patrimonio Inmaterial?
El profesor Carrillo lo tiene claro: “La Unesco usa esta categoría con valor descriptivo, para favorecer el diálogo intercultural entre los pueblos; no conlleva un régimen jurídico protector basado en obligaciones y deberes para quien haya de preservarlo”. En cambio, dice, “la declaración de BIC tiene un valor prescriptivo, que entraña obligaciones de preservación y protección”. De la misma opinión es Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla: “La declaración de BIC conlleva una serie de obligaciones estatales que en ningún caso pueden ser trasladables a la declaración de Patrimonio Inmaterial, término usado por la Unesco”. Carrillo considera que optar por la declaración de patrimonio inmaterial es “descafeinar la ILP y traicionar el espíritu de sus proponentes”. Por su parte, Vázquez estima que “se ha dado un paso crucial para situar la defensa de la fiesta en el terreno de la identidad cultural y de las creencias”.
Tan concluyente se muestra José Antonio Soriano, exdirector general de Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía: “Es un reconocimiento moral, pero sin efectos prácticos para la fiesta”.
Por otra parte, la nueva ley recoge la aprobación de un Plan Nacional de Fomento de la Tauromaquia, que elabora el Ministerio de Cultura, sin capacidad competencial para ello, y que solo tendrá efectividad si se consensúa con las Comunidades Autónomas.
Por cierto, si la Unesco aceptara incluir la tauromaquia en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la fiesta se uniría a los 11 bienes ya reconocidos: el Misterio de Elche, la Patum de Berga, los Tribunales de Regantes del Mediterráneo, el silbo gomero, los castells, el canto de la Sibila de Mallorca, la cetrería, la dieta mediterránea, el flamenco, la fiesta de la Mare de Déu de la Salut y los patios cordobeses.
Autor: Antonio Lorca
Fuente: EL PAÍS
