Se podía leer en el periódico El País, hará ya unas semanas, un artículo sobre las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia en la última década. Esto se ha hecho amparándose en la reforma de la ley hipotecaria de 1998 llevada a cabo por el gobierno de Aznar que “permitió a la Iglesia, y solo a la Iglesia, inscribir lugares de culto y otras propiedades que no estuvieran registradas”, resultando así pues en la inscripción de 4500 propiedades sin pagar impuestos y sin tener que hacer públicas dichas inmatriculaciones. De estas quizá haya sido la de la Mezquita de Córdoba la más significativa, registrada por el obispado el 2 de Marzo del 2006 inscripción que le costó 30€.
Diferentes movimientos y organizaciones se han pronunciado en contra de esta rampante adjudicación inmobiliaria por parte de la Iglesia, que tachan de inconstitucional dada la exclusividad y favoritismo que la reforma de la ley hipotecaria les adjudica, tal y como menciona el artículo citado anteriormente del periódico El País escrito por Alejandro Torres, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, y que ha divulgado numerosos artículos sobre este particular: “Este proceso no es compatible con los principios constitucionales de igualdad religiosa, neutralidad y separación entre Iglesia y Estado”.
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Una mezquita que forma parte y pertenece al legado histórico de los españoles, en su diversidad de procedencia y creencia, ha pasado a ser propiedad de la Iglesia siguiendo procederes de dudosa legalidad y constitucionalidad, no se hizo pública su inmatriculación como en ninguno de los otros casos del resto de propiedades adjudicadas por toda España, notoriamente en Navarra, pasando de este modo desapercibido a todo el mundo el tiempo necesario de dos años para imposibilitar el poder recurrir la susodicha inmatriculación. Comentaba el artículo que en las entradas a la Mezquita de Córdoba (ahora renombrada Santa Iglesia de Córdoba) no constaba la palabra “precio”, ni el consiguiente IVA, en las entradas que cuestan 8€ por persona, eximiendo de este modo al obispado de Córdoba, actual propietaria de la Mezquita de Córdoba, el pago de impuestos sobre las ganancias generadas por la venta de entradas atribuyendo los ingresos percibidos por las entradas como donativos.
Durante años la Junta de Andalucía ha pagado con el dinero de los contribuyentes todo tipo de arreglos, mantenimiento y restauraciones para que finalmente la Mezquita de Córdoba resulte en un lucrativo negocio de la Iglesia. La democracia se prueba a diario no deteriorada, sino incapaz, ineficaz e irreal a efectos. El estrecho vínculo entre iglesia y estado es evidente por doquier, vivimos en una sociedad medieval administrativa y burocratizada, donde los feudos de los diferentes lobbies, la mano del clero y aquellos que ostentan el poder en nuestro país disponen a su antojo y a título personal en innumerables instancias de la riqueza, que resulta de los abusivos impuestos. El discurso democrático no es válido si en la práctica supone que el favoritismo clasista de antaño prevalece.