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La Asamblea Nacional francesa vota este martes la polémica ley que permite el espionaje telefónico cibernético de cualquier ciudadano sospechoso sin control judicial. El proyecto, tramitado por la vía de urgencia y en medio del temor a nuevos atentados en Francia, legaliza las acciones de acceso a datos privados que los servicios secretos realizan hoy sin cobertura de norma alguna. Para el Gobierno, se trata de una ley “necesaria” que protege los derechos individuales. Para especialistas y asociaciones ciudadanas, es una ley “liberticida”. Las principales fuerzas políticas la apoyan.
La nueva norma permitirá a los servicios secretos franceses interceptar comunicaciones de sospechosos, acceder a redes y bases de datos u obligar a las operadoras a facilitar los metadatos de los objetivos en tiempo real. Y si se considera necesario, también los contenidos de conversaciones o mensajes. Para ello, la ley prevé que los espías puedan ser alertados de manera automática de cualquier actividad sospechosa mediante la instalación por las operadoras, buscadores o redes de cajas negras para advertir de comportamientos susceptibles de ser vigilados. También tendrán acceso a los algoritmos en esas prácticas.
La ley permite igualmente a los servicios secretos el uso de sistemas denominados Imsi Catcher, mediante los cuales los espías podrán captar y registrar todos los datos de teléfonos u ordenadores de sospechosos, pero también de toda persona que se encuentre en varios centenares de metros a la redonda. La instalación de balizas de seguimiento en automóviles, la colocación de micrófonos en lugares privados o, en caso de que se considere necesario, la entrada en domicilios, también estará permitida con una autorización administrativa, sin intervención de los jueces.
Los motivos que la ley contempla para acudir a esas prácticas van desde la prevención del terrorismo, la delincuencia organizada o “la violencia colectiva”, al peligro para “la independencia nacional, la defensa nacional o la integridad del territorio” pasando por la potencial injerencia extranjera “en los intereses económicos, industriales o científicos” de Francia.
Las solicitudes para realizar esas prácticas podrán partir de los ministerios de Defensa, Interior, Economía y Justicia. Se enviarán a una denominada Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información (dos diputados, dos senadores, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un experto informático) que, si no ve inconvenientes, la remitirá al primer ministro, que es quien tiene la última palabra para autorizar o denegar. En caso de urgencias, los espías podrán actuar de inmediato y comunicar después su acción. Las posibles protestas de ciudadanos que se sientan espiados serán analizadas por esa comisión o por el Consejo de Estado, no por la justicia ordinaria.
El proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado marzo, ha sido defendido en la Asamblea por el jefe del Gobierno, Manuel Valls, quien ha recordado en todo momento los atentados yihadistas de enero y ha señalado que la policía ha evitado otra media docena de ataques. Para Valls, “ante situaciones especiales, se necesitan leyes especiales”. “Pero no de excepción”, ha insistido, porque, según él, la norma respeta los derechos y libertades individuales.
No lo tienen tan seguro ni siquiera el Defensor de los Derechos de Francia, Jacques Toubon, que ha difundido un comunicado en el que expresa sus “reservas”. Y mucho menos las decenas de asociaciones de ciudadanos, el sindicato de la magistratura o los escasos diputados que han anunciado su voto en contra o la abstención. O la independiente Comisión Nacional de Consulta de los Derechos del Hombre. Para su presidenta, Christine Lazerges, la ley encierra el peligro de caer en “una vigilancia generalizada e indiferenciada”. Se corre el riesgo, dice, de “poner en peligro el Estado de derecho mediante una deriva liberticida”.
Asociaciones como Cuadratura de la Red, 24 horas para 1984, Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras han puesto en marcha estos días diversas iniciativas para protestar y alertar a la ciudadanía. Decenas de parlamentarios han recibido llamadas para que voten en contra y a Valls le han enviado un documento con 119.000 firmas. Alguna empresa dedicada al almacenamiento de datos informáticos ha amenazado con irse de Francia.
Ante las críticas y dudas, el presidente, François Hollande, en un gesto sin precedentes, enviará la ley al Tribunal Constitucional para su examen. En el Parlamento, sin embargo, una amplia mayoría apoya el texto. No solo casi todo el grupo socialista (288 escaños de 577), sino también la gran parte de los diputados de la UMP (198 asientos), el principal partido de la oposición.
Fuente: El pais | Carlos Yárnoz
