Internet y las nuevas redes sociales han cambiado la forma en la que nos comunicamos. La información se extiende en una plataforma que no distingue entre grandes compañías, individuales, personajes famosos o medios de comunicación reconocidos.
Hasta hace poco tiempo Internet ha sido el nuevo territorio a conquistar. Y en esta conquista, se ha producido el fenómeno “del salvaje oeste” en el que cada uno impone su ley. Durante este proceso, riquezas, diferentes partidos y protocolos se han forjado, no necesariamente ateniéndose a leyes y usanzas reconocidas. A medida que el terreno se ha asentado y los intereses han subido por las nubes, los imperios del nuevo mundo enseñan sus cartas.
Estados Unidos sin ninguna duda está a la cabeza; Apple y Microsoft, Google, Facebook, Twitter, Yahoo, Mozilla o eBay. El dilema comienza cuando la razón de ser, el compartir, se interpone a los intereses de mercados y gobiernos. El caso de WikiLeaks fue quizás el primero en el que mercados y gobiernos comenzaron a preguntarse qué está pasando, la información se nos va de las manos, aquí hay que proteger nuestros intereses.
En las protestas del pasado agosto en Londres, Facebook fue una de las redes sociales utilizadas para llamar a los descontentos al desorden. Pocos meses después los alborotadores eran acusados, incluso con penas de cárcel, tomando como pruebas sus estatus de Facebook.
Jeff Rae, uno de los cabecillas de Ocupar Wall Street, y cientos de seguidores del movimiento han sido llamados a los juzgados, no por las protestas físicas, sino por sus tweets al respecto. En una carta del fiscal del distrito judicial se llama a Jeff Rae a declarar ante el Juzgado de Nueva York, ante el cual se debía presentar portando todos los tweets que salieron de su cuenta por un determinado número de meses como prueba de sus delitos criminales contra el Estado.
En ambos casos Facebook y Twitter decidieron colaborar con el gobierno hasta cierto punto, velando por la seguridad de sus usuarios. Dejando latente, sin embargo, que información, compartir, seguridad, intereses y privacidad pueden estar todos en confrontación en cuanto un elemento de la ecuación no se conforme a las normas.
En España, el miércoles 11 de abril, el ministro del Interior anunciaba la propuesta de ley: pena mínima de dos años por convocar “algaradas” por internet, y hasta prisión provisional. El diccionario de la Real Academia define algarada como ‘tumulto causado por algún tropel de gente’.
El segundo paso ya está aquí. El borrador de ley CISPA redefine términos y hace un giño a las grandes compañías de internet. Toda compañía que comparta información con el gobierno tendrá inmunidad judicial, ya que, apostillan, sería muy difícil probar intencionalidad en la violación de privacidad.
En el caso de Twittter con Jeff Rae, se negaron a presentar información personal ante el Juzgado de Nueva York. Pero uno se pregunta si esto no fue mera propaganda cuando meses antes la compañía cerró un contrato multimillonario con DataSift por la venta de archivos de tweets y acceso a información personal.
Recientemente Facebook ha publicado una nota “A Message About CISPA” en la que hace unas declaraciones contradictorias. A la vez que declara su apoyo a la ley CISPA, defiende que la seguridad y privacidad de sus 845 millones de usuarios no se verán afectadas.
En cuanto a las miles de otras empresas y servicios que conforman el panorama del internet actual, los posicionamientos varían. Observando los virajes de la vanguardia, podemos prepararnos para el mañana.
Es interesante que después de la investigación para este artículo me topara con una lista de los principales países que censuran o restringen, o al menos lo intentan, ciertos contenidos en internet: Irán, Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Estados Unidos y España.
Es paradójico igualmente que mientras los países occidentales apoyaban la llamada Primavera Árabe, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y España, y aplaudían el uso de las redes sociales como revulsivo para agrupar a la población y llamar al cambio de regímenes obsoletos, en casa, el patio se barra de forma diferente.
En Occidente, protestar se ha convertido en una burocracia de legalidad y libertades cívicas y sociales. Hacerlo por internet se está convirtiendo en un delito criminal; expresar puntos de vistas subversivos, llamar a la reflexión y tomar acción por una regeneración social puede ser, cuanto menos, usado en tu contra ante el juez.
El Lejano Oeste parece conformarse. Los nuevos imperios vienen cargados de ases en las mangas. El compartir ya no es la razón de ser de internet, los intereses son demasiado grandes. En una plataforma donde información es identidad y donde bases de datos y cuentas en redes sociales forman la unidad más básica de presencia ciberespacial, se pretende redefinir la interacción entre los individuos y restringir las causas por las que se agrupa la gente.
Esto no ha hecho más que empezar. El mercado y los Estados quieren continuar su control y su enriquecimiento. Quizás la naturaleza y capacidad de internet para compartir contenido relevante y agrupar a la gente aunando fuerzas por las causas que consideran justas no esté entre sus principales intereses.