A principios del año 2014, Bélgica expulsaba a 400 españoles que no tenían trabajo. “Es una decisión legal, aunque no nos guste”, alegaba en su momento el gobierno belga. La crisis pasaba una factura doble a los españoles que habían decidido emigrar al norte en busca de una vida mejor. Españoles y otros ciudadanos de la UE iban de forma paulatina perdiendo sus puestos de trabajo y pasaban a suponer una “carga excesiva” para la seguridad social del país, con lo que se procedió a la expulsión administrativa de todo ciudadano comunitario que no hubiera trabajado de forma continua durante cinco años.
Las autoridades belgas habían tomado todo una serie de medidas para salvaguardarse de la “invasión de españoles”, que fueron a “quitar el trabajo a los belgas”, suponiendo “un riesgo para la seguridad del país” y produciendo “un efecto llamada” en el sur de Europa. Además, Bélgica, ante dicha avalancha de españoles, temía perder su identidad en una oleada de sureños que venían a devorar “las ayudas sociales” y a “saturar la sanidad pública”. Está claro que estas no fueron palabras de nadie, sino simples pensamientos que posiblemente habrían tenido los ciudadanos del norte con respeto a los del sur de Europa. Una analogía similar se podría hacer con respeto a nuestro país y las personas recién llegadas. Es la mitología social sobre las migraciones.
El mito por excelencia sobre los inmigrantes y que se resiste a abandonar la memoria social es: “Nos quitan el trabajo”. La mismísima Unión Europea recomienda “combinar el flujo controlado de inmigrantes para garantizar el sistema actual de pensiones y protección social”. Otros estudios hablan de que la inmigración es crucial para aliviar el envejecimiento de la población. La tasa de paro entre los inmigrantes es casi de un 30%, mientras que los nacionales que no encuentran trabajo se sitúan en un 20%. En su mayoría, los extranjeros en nuestro país realizan trabajos no cualificados.
El término “avalancha de inmigrantes” en los medios de comunicación ha sido vital para que en la sociedad española arraigara eso de: “nos invaden”. Otra falacia, puesto que Estados Unidos y Rusia encabezan los lugares de destino de los movimientos de población. Tras las “invasiones extranjeras” suele seguir, según el ideario social, situaciones de “inseguridad y criminalidad” que suponen la presencia de “personas foráneas” en nuestro país. Estudios científicos han demostrado que la relación causa-efecto en este sentido es falsa. Cruz Roja ya advirtió que el carecer de documentación o entrar de forma ilegal al país ha sido considerado como un acto de delincuencia cometido por una persona extranjera durante muchos años.
“El efecto llamada”. Un mito más que siempre se ha utilizado para controlar a la entrada de inmigrantes y levantar vallas dentro de las fronteras de la Unión Europea. Las medidas de endurecimiento no han conseguido, sin embargo, frenar la llegada de inmigrantes o refugiados. El “efecto llamada” no es lo que realmente empuja a las personas a dejar sus vidas en la travesía de emigrar. ACNUR lo resume muy bien: “A las personas desesperadas no les las puede parar ni con vallas, ni con riesgos mortales para sus vidas, ni con la militarización de las fronteras”.
En los últimos años, y con miles de refugiados a las puertas de Europa, se ha puesto énfasis en una nueva falacia: “Europa perderá su identidad y cultura cristianas”. El ultraderechista húngaro Orbán alarmaba a Europa: “si no protegemos nuestras fronteras, seremos minoría en nuestro propio continente”. Afirmaciones y declaraciones irresponsables han insistido en esta idea en toda la Unión Europea, han ido ganando terreno entre los europeos más escépticos, representados por una ultraderecha islamófoba e intolerante, y poniendo en peligro valores fundamentales como la tolerancia y el respeto a la diversidad.
Bélgica consideró que los españoles habían abusado de su sistema de protección social, que permite al ciudadano vivir de forma estable aunque no tenga trabajo. “Se llevan nuestra ayudas sociales” y “abusan de nuestro sistema sanitario”. Estos fueron algunos de los argumentos que los nórdicos esgrimieron para cerrar el grifo de las ayudas a los ciudadanos comunitarios.
Argumentos del mismo calibre se han empleado y se emplean en España para defender que los inmigrantes reciben más de lo que aportan. En un estudio de Amnistía Internacional se confirma lo contrario: los inmigrantes suponen un saldo positivo de más cinco mil millones para el Estado. En el País Vasco, los recién llegados aportaron más de 38 millones de euros a las arcas públicas en 2012 y sin la inmigración, la región habría perdido más de 50.000 habitantes.
Fuente: Córdoba Internacional | Abdel Ali Khoulali
