Muere joven negro desarmado en Ferguson en manos de la policía… Protestas raciales no cesan en los EEUU… Otro joven negro muere por disparos de la policía en EEUU… Segunda jornada de protestas raciales en EEUU; decenas de detenidos… Estos y otros cientos de titulares similares han acaparado los medios estadounidenses en las pasadas semanas. Les acompaña una elevada consternación nacional en casi todos los rincones de los EE. UU. Existe, en prácticamente todos los niveles sociales, un discurso racial denunciando la ausencia de justicia en referencia a las constantes exoneraciones de los acusados en los recientes casos de muerte de jóvenes negros desarmados. Me atrevo a decir que este discurso ha acaparado progresivamente la atención de la nación norteamericana desde 2012. En febrero de ese año, Trevon Martin, un joven negro de 17 años desarmado fue baleado por George Zimmerman, quien no era policía pero hacía las veces de vigilante de su vecindario. En esa ocasión Zimmerman no fue inmediatamente arrestado sino semanas más tarde ante la presión de la opinión pública. Luego de ser procesado fue encontrado no culpable, lo que generó gran indignación ante la mayoría de la comunidad negra del país. Más recientemente se retomó el discurso, principalmente a raíz de la muerte del joven negro, Michael Brown, por parte de un policía en la ciudad de Ferguson, del estado de Missouri. Michael Brown estaba desarmado; al igual que en el posterior caso de Eric Garner: desarmado y también baleado por otro policía, esta vez en Nueva York. La escalada de violencia no da signos de tregua. Ahora ha alcanzado otros niveles, aún más elevados, cuando en días recientes se reportó que un hombre mató a dos policías en venganza por la muerte de Eric Garner y se suicidó.
Resulta evidente que existe un problema de índole étnico-racial respecto a las relaciones entre los agentes del orden público y los civiles estadounidenses. También es cierto que existe un grave problema de violencia intra-racial, pero ello no justifica el que se desvíe la atención de la presente situación donde las fuerzas del orden público proyectan un alto grado de desconfianza e irónicamente hasta inseguridad, especialmente a minorías étnicas, raciales y hasta religiosas.
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Existe racismo y discrimen en los Estados Unidos. Sin embargo, también es cierto que hoy las minorías están mejor preparadas para identificarlo, enfrentarlo, denunciarlo y combatirlo. Desde su origen en 1909, la Asociación Nacional para el Avance de Gente de Color (NAACP), sumada a otras importantes organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el “Southern Poverty Law Center”, el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR) y otras organizaciones análogas se han desarrollado con presencia a nivel estatal y nacional por todos los EE. UU. Estas organizaciones no-gubernamentales hoy son, más que una conveniencia, una verdadera necesidad. Todas contribuyen significativamente en proveer educación sobre las libertades civiles, derechos humanos y tolerancia. Igualmente, proactivamente ofrecen representación legal ampliando el margen de protección a las víctimas. Todos estos esfuerzos, en sus distintos flancos, protegen al ciudadano común discriminado y oprimido, no tan solo del omnipresente y poderoso aparato gubernamental, sino también de líderes civiles, políticos y de infinidad de organizaciones racistas. Según el Southern Poverty Law Center en el año 2013 existían 939 grupos de odio activos en los EE. UU., lo que representa un crecimiento de un 56% desde el año 2000.
La falta de enjuiciamiento contra los policías envueltos en los recientes casos de muertes de civiles desarmados representa un problema real toda vez que es percibido por muchos como actos de impunidad íntimamente ligados a discrimen racial. Ello explica la movilización y masiva participación en las protestas públicas. Estos casos han dejado expuestas, entre otras cosas, faltas estructurales en el sistema de justicia. Tomemos el ejemplo de la institución del Gran Jurado. El fiscal, quien actúa como representante del Departamento de Justicia, presenta evidencias ante el llamado Gran Jurado, compuesto por ciudadanos civiles de la comunidad, con el fin de que ellos determinen si existe causa probable para enjuiciar al sospechoso de cometer delito. Si así lo determinan, el sospechoso se enfrentaría a juicio presidido por un Juez; donde otro Jurado determinaría la culpabilidad o inocencia del acusado. Sucede entonces que, en la totalidad de los casos, quienes proveen la evidencia y trabajan hombro con hombro con el fiscal son los agentes del orden público (policía local, estatal o agentes federales). Así rutinariamente los fiscales, en conjunto con la policía, presentan cientos y miles de casos. Llega entonces el día en que se presenta un caso ante el Gran Jurado donde el sospechoso es uno de esos mismos policías que trabajó toda su carrera en equipo con la oficina del fiscal que ahora pretende acusarle. La invitación a conflicto de intereses y percepción de desconfianza no puede ser más clara. Ante esta situación hoy se habla de propuestas de cambios procesales para que se provea una especie de fiscal independiente que presente este tipo de casos libre de conflicto o apariencia de conflicto de intereses. Muy probablemente faltas como estas y otras serán revisadas de forma que la justicia alcance a todos.
El problema racial en los EE. UU. tiene que ser atendido. En el lado positivo percibo que, aun cuando no existe un reconocimiento unánime del problema, sí existen muchos sectores públicos y privados con voluntad de trabajar para atenderlo y curarlo. Para bien también vemos que el tema racial en los EE. UU. es asunto de discusión pública; con voces diversas y en todos los niveles. Me aventuro a decir que los EE. UU. le llevan en esto mucha ventaja a la vasta mayoría de países desarrollados y sub-desarrollados que pretenden desconocerse de la realidad de sus problemas raciales y donde poco o nada del susodicho tema se eleva al debate público. Lo cierto es que la situación general invita al discurso serio, elevado, sobrio y real del respeto y tolerancia a la diversidad étnica, racial y religiosa en nuestra casa, el vecindario, en nuestro país y en el todo el mundo.
Nacido en Puerto Rico, Wilfredo Amr Ruiz es Licenciado en Derecho. En 1993 ingresó al Cuerpo de Abogados de la Marina de los Estados Unidos. En 2005 decide formalizar sus estudios en el Islam y se inicia como seminarista en el Hartford Seminary en Connecticut (www.hartsem.edu) donde ingresa a su programa en Islam y relaciones cristiano-musulmanas. Lcdo. W. Ruiz es columnista regular de los medios de comunicación El Nuevo Día, El Diario de Prensa NY, Huffington Post, HuffPost Voces, colaborador académico para State Of Formation y analista político para Actualidad RT. Actualmente reside en Miami, EE.UU.
